Coalición de la sociedad civil solicita inversión urgente en transporte público para afrontar la crisis del petróleo
Quince organizaciones de la sociedad civil, medioambientales, de movilidad, urbanas y de trabajadores instan a los responsables políticos de la UE y nacionales a implementar la Recomendación 3 de la AIE y a ampliar rápidamente un transporte público asequible y fiable en toda Europa.
Ante el fuerte aumento de los precios del petróleo a raíz del conflicto en Oriente Medio, que ha generado lo que la Agencia Internacional de Energía (AIE) describe como la mayor crisis energética de la historia, una coalición de 17 organizaciones europeas ha emitido un llamamiento conjunto a los responsables políticos para que actúen con urgencia en relación con la Recomendación 3 de la AIE: incentivar el cambio del coche privado al transporte público y la movilidad activa.
Los combustibles para el transporte por carretera representan aproximadamente dos tercios del consumo de petróleo en muchos países europeos, y el 60 % de ese consumo corresponde a turismos privados. A pesar de que Europa cuenta con algunos de los sistemas de transporte público más extensos del mundo, datos de Eurostat revelan que el 51 % de los residentes de la UE no utilizó el transporte público en 2024, dejando a millones de personas expuestas a la volatilidad de los precios del combustible sin una alternativa viable.
Los hogares europeos gastan colectivamente 650.000 millones de euros al año en el funcionamiento de sus vehículos privados. Mientras tanto, las fluctuaciones en los precios del petróleo implican que la UE paga alrededor de 90 millones de euros más al día por el petróleo destinado a los vehículos privados.
Argumentos a favor del transporte público: económico, social y estratégico
El transporte público es un motor económico, un factor de igualdad social y un activo estratégico. El transporte público urbano y local aporta entre 130.000 y 150.000 millones de euros anuales a la economía europea, y un estudio de referencia realizado en Barcelona concluyó que cada euro invertido en transporte público generaba 6,50 euros de rentabilidad económica regional. El sector también se encuentra entre los mayores empleadores locales de la UE, sustentando 2 millones de puestos de trabajo en todo el continente.
Al mismo tiempo, el coste económico de la congestión del tráfico en Europa se estima en 100.000 millones de euros anuales —equivalente al 1% del PIB de la UE—, una cifra que no hará más que aumentar si se agudiza la dependencia del coche.
Y la voluntad ciudadana de cambio es clara: según una encuesta reciente de POLITICO y beBartlet, el 65% de los europeos apoya una mayor inversión en transporte público, incluso si ello implica impuestos más altos.
Una crisis que debe ser un punto de inflexión
La coalición, que representa a operadores de movilidad, ONG medioambientales y sociales, organizaciones de personas con discapacidad, redes urbanas, sindicatos y grupos juveniles, advierte que las autoridades de transporte público de toda Europa ya se encuentran bajo una fuerte presión. Los recortes presupuestarios, la escasez de personal, el mantenimiento postergado y la ausencia de servicios en zonas rurales y periféricas no dejan a los ciudadanos otra opción que depender del coche privado.
Los coches privados de la UE consumen más de 1.200 millones de barriles de petróleo al año. Esta dependencia constituye una vulnerabilidad estratégica fundamental para los hogares, las ciudades y la economía europea en su conjunto.
Qué pueden hacer los responsables políticos: 5 prioridades urgentes
La coalición insta a los responsables políticos europeos, nacionales, regionales y locales a actuar con urgencia en relación con la Recomendación 3 de la AIE, comprometiéndose con los siguientes principios:
Financiación estable y a largo plazo para el transporte público y la movilidad activa en todos los niveles de gobierno, que abarque la operación, el mantenimiento y la inversión en vehículos de cero emisiones.
Servicios de transporte fiables e integrados en todas las ciudades y regiones, sin barreras basadas en la ubicación, el género, la edad, la capacidad física o la situación socioeconómica.
Personal suficiente y condiciones laborales justas para garantizar servicios de alta calidad y la capacidad de ampliar la oferta de transporte público.
Apoyo continuo a la transición ecológica y digital en el transporte público, con una participación significativa de las partes interesadas en el diseño de las políticas de movilidad.
Inversión constante en movilidad activa —incluida una infraestructura segura para peatones y ciclistas— para complementar y conectar las redes de transporte público.
«Esta crisis debe servir de advertencia a los responsables políticos europeos para que consideren el transporte público como un servicio público estratégico. Cuando el combustible se encarece demasiado y no existen alternativas, las consecuencias para los hogares y las comunidades pueden ser catastróficas».
