La patronal portuaria denuncia que la normativa aprobada para cumplir con la Unión Europea no permite, en la práctica, una separación real y efectiva de las empresas de los Centros Portuarios de Empleo (CPE)
La Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT) considera que la huelga convocada en el puerto de Avilés, en relación con la voluntad de varias empresas de separarse del Centro Portuario de Empleo (CPE) local, constituye una prueba inequívoca de que el sistema portuario español no está verdaderamente liberalizado, en contra de lo exigido por el Derecho de la Unión Europea.
España aprobó en los últimos años una nueva normativa que, formalmente, reconocía el derecho de las empresas estibadoras a separarse de los CPE y optar por modelos alternativos de contratación, dando cumplimiento —al menos en apariencia— a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014.
Dicha normativa fue posteriormente avalada por los tribunales nacionales. Sin embargo, la realidad operativa demuestra que esa liberalización es meramente teórica.
Una liberalización formal que no funciona en la práctica
Los informes publicados en 2025 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como el análisis jurídico elaborado por el despacho Cuatrecasas, han corroborado lo que ASOPORT viene denunciando desde hace años: la normativa está mal diseñada y no permite una separación real y efectiva de las empresas de los CPE.
Ambos informes concluyen que:
– Persisten barreras legales, laborales y organizativas que desincentivan o impiden la separación de los CPE.
– Existe una preferencia estructural y de facto por el modelo de CPE, incompatible con la neutralidad competitiva.
– El sistema mantiene un statu quo cuasi monopolístico, contrario a las libertades fundamentales de la Unión Europea y que restringe el acceso efectivo de nuevos profesionales a la actividad de la estiba.
La huelga de Avilés: un síntoma, no una excepción
En este contexto, la huelga convocada en el puerto de Avilés —motivada por la voluntad de varias empresas de separarse del Centro Portuario de Empleo (CPE), lo que conlleva su liquidación— pone de manifiesto que el ejercicio de un derecho reconocido por la legislación y exigido por Europa genera un conflicto laboral inmediato.
Para ASOPORT, este hecho demuestra que:
– El sistema no tolera en la práctica la libre elección del modelo empresarial.
– La supuesta liberalización no protege a las empresas que deciden ejercer ese derecho.
– Se mantiene una presión estructural que impide cualquier separación efectiva de los CPE y perpetúa las restricciones al acceso a la profesión.
Situaciones similares se han producido o se han anunciado en otros puertos españoles en los últimos meses, confirmando que el problema es sistémico y no puntual.
Doce años de incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
El régimen laboral portuario español fue condenado en 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al considerar que el sistema existente vulneraba la libertad de establecimiento y restringía la competencia.
Desde entonces, han transcurrido más de doce años sin que España haya dado cumplimiento real y efectivo a dicha sentencia. ASOPORT ha mantenido informada de manera constante a la Comisión Europea, que ha abierto nuevos procedimientos de investigación (EU Pilot).
Este incumplimiento no solo afecta a la libertad de organización de las empresas, sino también al derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a una profesión regulada, en contra de los principios básicos del mercado interior europeo.
ASOPORT continuará las acciones legales a nivel europeo
Ante esta situación, ASOPORT continuará e intensificará las acciones legales ante las instituciones europeas para que:
– Se obligue a España a llevar a cabo una liberalización real y efectiva del sistema portuario.
– Se garantice, de una vez por todas, el derecho de las empresas a organizar libremente su actividad y el acceso efectivo de la ciudadanía a la profesión de la estiba, eliminando las restricciones injustificadas a la competencia, tal y como exige el Derecho de la Unión Europea.
“La huelga de Avilés no es un conflicto laboral aislado: es la evidencia de que España sigue sin cumplir una sentencia europea dictada hace más de una década”, señalan desde ASOPORT.
