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Los Espacios Marinos y su regulación internacional (III): Espacios marítimos de soberanía restringida

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María Cristina Sánchez Townsend
Abogada especialista en Comercio Internacional
y en Administración Marítima y Portuaria
ESPAÑA

Incluimos en esta sección los espacios marítimos correspondientes a la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

1. Zona Contigua

1.1. Definición. Ideas Generales.

Tradicionalmente, la zona contigua ha venido comprendiendo el espacio marítimo que se extiende más allá del limite exterior del mar territorial, en dirección del Alta Mar y hasta cierta distancia. Se trata de una noción de origen doctrinal, sistematizada por el profesor Gilbert Gidel, que en principio busca el establecimiento de una zona transaccional intermedia entre el mar territorial y el alta mar, siendo, por tanto, un espacio complementario de dicho mar soberano, reconocido por el Derecho Internacional Marítimo.

Según el Convenio de Ginebra de 1958 la zona Contigua no podía extenderse más allá de las 12 millas, por lo que el Estado con un mar territorial de tres millas podía extender hasta nueve su zona contigua, pero otro con mar territorial de seis millas , solo podría conceder otras seis a dicha zona contigua.

La zona contigua en el Convenio de Jamaica, mantiene la misma definición del convenio de Ginebra y la única modificación que se introduce es que esta zona no podrá extenderse más allá de las 24 millas, contadas desde la linea de base utilizada para medir el mar territorial.

1.2. Naturaleza Jurídica

La zona contigua difiere en dos aspectos del mar territorial: a) Así como su su propio nombre indica, forma parte del territorio del Estado, la zona contigua, tanto física como jurídicamente forma parte de la alta mar; b) mientras que el Estado ribereño ejerce sobre el mar territorial una competencia plena – la soberanía- en la zona contigua sólo posee competencias limitadas, fragmentarias y especializadas que corresponden a una concepción analítica del espacio marítimo.

1.3. Normas Aplicables A La Navegación Y Sobrevuelo

La zona contigua de un Estado ribereño o archipelágico está formada por aguas internacionales y, en consecuencia, todos los buques y aeronaves de cualquier Estado, incluidos los de guerra y aeronaves militares, gozan de la libertad de navegación y sobrevuelo.

2. Zona Económica Exclusiva (ZEE)

Cuando nos referimos a la Zona económica exclusiva, debemos recordar que hacemos referencia a un espacio nuevo, sin precedentes reconocidos, producto de la evolución.

Tradicionalmente solo existían tal como hemos hecho mención anteriormente dos espacios reconocidos que eran el mar territorial y el alta mar, con una zona
intermedia que era la zona contigua.

La fuente más directa e inmediata la podemos encontrar en la Declaración tripartita de Santiago de Chile de 1952, suscrita por Chile, Ecuador y Perú. En ella, los tres países aumentaron su soberanía y jurisdicción exclusiva de sus aguas territoriales hasta una distancia mínima de doscientas millas marinas, comprendiendo el suelo y el subsuelo. Se consolido esta medida con el acuerdo de Lima de 1955, en el que además de una política común de conservación deciden que toda propuesta y toda gestión internacional habrá de llevarse acabo conjuntamente por estos tres países. A partir de este momento comienza a formularse una cadena de declaraciones de países hispanoamericanos, sobre todo Argentina, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Brasil, Uruguay, y en cierta manera Canadá. Quedaran en vilo momentáneamente los países del Los Espacios Marinos y Su Regulación Caribe, México, Colombia y Venezuela, siendo ellos los que establecen posteriormente la teoría del Mar Patrimonial.

Este movimiento empezó a ser visto con simpatía y no tardo en ser secundado por otros países, sobre todo Africanos y Asiáticos, surgidos de la independencia a través del proceso descolonizador, pero mucho de ellos no acogieron este término solo para la protección de la pesca (que fue el argumento inicial de peruanos , chilenos y ecuatorianos),si no del ejercicio de su soberanía sobre estas aguas y consecuentemente la reacción por la presencia cerca de sus costas de flotas extranjeras.

La conferencia de Ginebra de 1958, no tomo en cuento las aspiraciones de estos países, y dado que en ese momento se encontraban en minoría, no era viable que estas pretensiones fueran a influir en las decisiones de esta conferencia. Por lo tanto, los países signatarios de la Declaración de Santiago y otros mas no ratificaron en convenio de 1958, sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Alta Mar, ni tampoco el relativo al Mar Territorial, precisamente porque ninguno de ellos legitimaba la zona pretendida.

2.1. La Teoría Del Mar Patrimonial Y La Zona Económica

En las vísperas de la Última Conferencia del Mar, incrementaron diferentes estudios donde se formulaban varios razonamientos sobre el mar territorial y mar patrimonial o zona económica. La primera invocación de «mar patrimonial» o zona económica (que sentó cátedra en la doctrina latinoamericana) se produjo en 1970 en un discurso del entonces ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Gabriel Valdés, en un acto conmemorativo del Instituto Antártico Chileno, quien, al refutar al presidente norteamericano Richard Nixon su propuesta sobre fondos marinos y oceánicos, señaló que la zona marítima bajo la jurisdicción del Estado ribereño, debería comprender «un mar patrimonial hasta 200 millas, donde exista libertad de navegación y sobrevuelo». También Eduardo Vargas, destacado jurista y miembro del comité Jurídico Interamericano, definió el mar patrimonial como: «El espacio marítimo en el cual el Estado ribereño tiene el derecho exclusivo a explorar, conservar y explotar los recursos del mar adyacente a sus costas y del suelo y el subsuelo hasta el límite que dicho Estado determine, de acuerdo con «criterios razonables», atendiendo a sus características “geográficas, geológicas y biológicas, y a las necesidades del racional aprovechamiento de sus recursos». Según Vargas, el mar patrimonial comprende «tanto el mar territorial como una zona situada más allá de éste y cuya extensión es determinada, unilateral, pero no arbitrariamente, por el Estado ribereño».

En el año 1972 en la ciudad de Santo Domingo, se reunieron todos los Estados del Caribe, México, Colombia y Venezuela, donde realizaron una conferencia especializada de los países del caribe sobre los problemas del mar. En esta conferencia se dio uno de los grandes avances del nuevo derecho del mar, ya que en estas sesiones que se conocen como la Declaración de Santo Domingo, se aportó el concepto de Mar patrimonial, estableciendo que: “El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que se encuentran en las aguas, en el lecho y en el subsuelo de una zona adyacente al mar territorial, denominada mar patrimonial.” “La anchura del mar patrimonial debe ser objeto de acuerdo internacional, preferentemente de ámbito mundial. La suma de esta zona y la del mar territorial, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas, no deberá exceder en total de 200 millas náuticas”.

Por su parte los Estados africanos, bajo la influencia de los países latinoamericanos, van a adoptar una actitud muy semejante. Tratando de codificar sus puntos de vista, diecisiete de los Estados africanos se reunieron en Yaoundé, del 20 al 30 de junio de 1972; a raíz de dicho seminario, adoptaron estos países la unanimidad del ‘‘Informe General de Yaoundé sobre el Derecho del Mar’’, introduciendo la noción de ‘‘zona económica’’, donde establecen que esta zona sería contigua al mar territorial, y que no podría extenderse más allá de las 200 millas, poseyendo el Estado ribereño, derechos de explotación exclusivos sobre los recursos que en ella se hallaren.

La noción de mar patrimonial -se afirma- “trasciende de los conceptos de mar territorial y alta mar del Derecho Internacional Marítimo Clásico, participando en cierto sentido en las características de ambos, ya que en la parte de mar patrimonial situada más allá del mar territorial rigen todas las libertades del alta mar, salvo naturalmente la de la pesca, por lo que existe amplia libertad de navegación, de sobrevuelo, de colocación de cables y oleoductos submarinos, libertades todas ellas que en su ejercicio no tienen otra delimitación que la de no interferir los derechos patrimoniales de los Estados ribereños”. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión, deduciendo de estos planteamientos, que en el mar patrimonial coexisten derechos del Estado Ribereño y derechos de la Comunidad Internacional, pero no debe olvidarse que estamos frente a una nueva figura jurídica especial, que refleja la complejidad de unas nuevas realidades en el mar, y no pueden ni deben ser asimiladas a las antiguas categorías tradicionales, porque no estamos frente a un concepto de mar territorial, ni de Alta mar.

2.2. Regulación De La Zona Económica En El Convenio De Jamaica

En 1972, se realiza en Caracas la segunda reunión de la Tercera Conferencia del Mar, Venezuela propone su tesis de “Mar Patrimonial”, la cual compite con la tesis de Kenia sobre “Zona Económica Exclusiva, la cual fue la que finalmente fue recogida en el primer texto oficioso de negociación elaborado en Ginebra en 1975 y que en síntesis establecía lo siguiente: “En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tendría derechos de soberanía para la explotación, conservación, administración y explotación de todos los recursos renovables y no renovables, es decir, vivos y minerales, tanto de los fondos marinos y su subsuelo como de las aguas suprayacentes, correspondiendo igualmente al Estado ribereño en derecho exclusivo y la jurisdicción para el establecimiento de islas artificiales y otras instalaciones y estructuras, así como la jurisdicción exclusiva con respecto a las actividades de cualquier índole, dirigidas a la explotación económica de la zona, incluso la investigación científica”.

La parte V del Convenio de Jamaica contempla la regulación de la zona económica exclusiva en los artículos 55 al 75, fijando un régimen jurídico, los derechos, deberes y jurisdicción del Estado Ribereño; la anchura, los derechos y obligaciones de los otros Estados en la zona económica exclusiva; la base para la solución de los conflictos; las islas artificiales y otras instalaciones; la conservación y utilización de los recursos vivos; la descripción y tratamiento de las especies; el derecho de los Estados sin litoral y otros Estados ribereños; las
restricciones en las trasferencias de los derechos y la delimitación de la zona económica exclusiva entre Estados limítrofes o situados frente a frente.

2.3. Definición De La Zona Económica Exclusiva

Con base a lo que dispone los artículos invocados puede prepararse una definición más amplia y concreta que la esbozada en los distintos textos oficiosos de negociación y quedaría de esta manera: “La zona económica exclusiva es una zona situada fuera del mar territorial y adyacente a este y que no se extenderá más de las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base y en la cual el Estado Ribereño tendrá: Derechos Soberanos para regular la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y el subsuelo del mar y las aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades, con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Además, el Estado ribereño posee jurisdicción exclusiva con respecto al establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; la investigación científica marina; y la protección y preservación del medio marino. En la zona económica exclusiva, todos los Estados tanto con litoral como sin él, gozarán de las libertades de navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías submarinas y de otros usos del mar, internacionalmente legítimos relacionados con estas libertades. No obstante, tendrán debidamente en cuenta los derechos del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos dictados por este de conformidad con la Convención y demás normas de Derecho Internacional.”

Por lo tanto, de esta definición podemos desprender el siguiente análisis.

• La zona económica exclusiva incluye los fondos marinos y las aguas. Por lo tanto, el fondo de la zona económica exclusiva es la plataforma continental hasta las 200 millas.

• La zona económica exclusiva sólo existe cuando el Estado ribereño haga la declaración correspondiente. Mientras no la haga, las aguas sobre la plataforma continental serán aguas de alta mar en lo que no sea mar territorial.

• En el primer artículo de la parte V de la Convención de Jamaica, encontramos la definición y delimitación de la zona económica exclusiva: como el conjunto de los fondos marinos y de las aguas del mar situadas más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas a partir de las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial (donde hay línea de base recta, ésta, y donde no la hay, a partir de la línea de bajamar).

• Con respecto al carácter de estas aguas, no cabe duda de que el espacio marítimo de la zona económica exclusiva constituye una zona “sui generis” que no forma parte de la alta mar y tampoco del mar territorial. Estas aguas están sometidas a la soberanía, una soberanía funcional del Estado ribereño en el sentido de que éste tiene la autoridad exclusiva para reglamentar la investigación, la preservación, la conservación, la exploración y la explotación de los recursos vivos del mar. En cierto modo, esto significa que esos recursos son propiedad exclusiva y absoluta del Estado ribereño, pero ese derecho sobre los recursos del mar, se encuentra limitado por ciertas obligaciones de gran importancia que impone la Convención. Es decir, la pesca está sometida a la autoridad del Estado ribereño. El Estado titular de la zona puede reservarla exclusivamente para sus nacionales. Pero esto es sólo en la medida en que él mismo y sus nacionales tengan capacidad para explotar la totalidad de la captura permisible. Por tanto, la Convención impone al Estado ribereño la obligación de determinar, mediante los medios científicos adecuados, cuál es la máxima captura permisible de las especies de peces que viven en su zona económica exclusiva. Y si su capacidad de captura, la de sus nacionales, no le permite agotar ese límite máximo, sino que queda un excedente disponible, el Estado ribereño se encuentra “obligado” a permitir que los nacionales o los buques del pabellón de otros Estados, participen en la explotación de esos recursos.

• La Convención establece que, para el acceso de esos recursos por parte de los nacionales de terceros Estados, es necesario que el Estado Ribereño establezca un acuerdo con el país en cuestión. Pero, además, la Convención contiene desarrollos de esta obligación, especificando o estableciendo ciertas prioridades entre los Estados terceros a fin de determinar cuáles pueden participar de modo preferente en esa exploración y explotación de recursos.

2.4. Reglas Para El Acceso De Los Nacionales De Terceros Estados

Para el acceso a los excedentes, tal como lo mencionamos anteriormente resulta necesario que el Estado ribereño establezca unos acuerdos específicos con los países cuyos nacionales van a tener acceso a las aguas de esa zona economía exclusiva. La convención determina que Estados deben tener prioridad para participar en la captura de recursos, en el siguiente orden: los Estados en desarrollo, seguidos por los Estados en situación geográfica desventajosa y los Estados sin litoral.

La Convención prevé que cuando la capacidad de captura del Estado ribereño se acerca a la obtención de la máxima captura permisible <<total allowable catch>>. En tales casos, también impone un orden de preservación para lograr que sean solamente los Estados en desarrollo de la misma región o subregión los que puedan participar en las capturas y que, además, ha de hacerse una distribución adecuada para que todos los que puedan participar hagan un esfuerzo comparable. Y al mismo tiempo, todos los Estados ribereños en cuyas aguas se va a realizar la pesca, tendrán que soportar un esfuerzo equitativamente repartido de todos los Estados que participan.

2.5. Explotación De Los Fondos Marinos

Como ya mencionamos estamos frente a un espacio marítimo <<sui generis>>, es decir, no forma parte del mar territorial ni del alta mar. Sin embargo, las facultades y los derechos del Estado ribereño se refieren a la explotación tanto de los recursos de las aguas como de los fondos marinos.

Los fondos marinos se explotan con sujeción a las reglas aplicables en la plataforma continental, pero esto lo veremos mejor desarrollado en el epígrafe correspondiente, donde se explica detenidamente la plataforma continental y su regulación.

2.6. Normas Aplicables A La Navegación Y Sobrevuelo

El régimen de navegación en las aguas de la zona económica exclusiva es el de la alta mar. Es decir, en ellas la navegación y el sobrevuelo están sometidos a las mismas reglas y los terceros Estados tienen los mismos derechos que en alta mar.

3. Plataforma Continental

3.1. Antecedentes

La plataforma continental es un concepto relativamente nuevo, cuyo origen lo podemos situar en la famosa declaración del presidente Truman de 28 de septiembre de 1945, con la extensión de la plataforma continental hasta la isóbata o veril de los 200 metros de profundidad. Esta declaración marco un hito en el Derecho Internacional Marítimo, ya que creaba un nuevo concepto que rompía el binomio del mar territorial y el alta mar. En ella se establece que existe una extensión marítima que discurre por debajo del mar: el suelo y el subsuelo. De aquí se desprende, que la importancia del mar ya no transcurre solo en la navegación, ni en la libertad de navegación, en su versión clásica, sino en la explotación de sus fondos.

A partir de la primera mitad del siglo XX, varios Estados ribereños, dotados en su mayoría de extensas plataformas submarinas, comenzaron a reivindicar formalmente su soberanía sobre las mismas. Alentaban a dichos Estados los avances científicos que sugerían la existencia de importantes recursos naturales explotables en esos espacios.

Como consecuencia de la utilización de este espacio por varios países, se vieron  incrementados el número de incidentes internacionales que se empezaron a desarrollar sobre esta materia. Miembros del Instituto del Derecho Internacional también comienzan a ocuparse del tema, hasta que de una forma más directa la
Conferencia de Ginebra de 1958, la incluía en uno de sus debates. De aquí saldrá definida la plataforma continental como <<el espacio de tierra inmediato a la costa y sumergido en el mar que puede ser objeto de explotación hasta una cierta profundidad por el Estado ribereño, a cuyo dominio y uso exclusivo se atribuye>>.

En 1958 ya era latente que el avance de la tecnología permitía la explotación del lecho y el subsuelo marino a mayor profundidad, de aquí que el convenio utilice una forma alternativa para establecer el límite de la profundidad, esta segunda alternativa la podemos visualizar cuando utiliza la premisa de “más allá de este limite”, dotando de esta manera a los Estados más desarrollados a una apropiación casi ilimitada de recursos (ya que los menos desarrollados, al no contar con los avances tecnológicos y medios de los países desarrollados no podrían llegar a explotar a mayor profundidad).

Podemos imaginarnos que, como secuela de lo último expuesto, comportaría de entrada, una serie de controversias sobre el tema y fue una de las cuestiones planteadas por el Embajador Arvin Pardo, con su propuesta de que los fondos marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional, no fueran susceptibles
de apropiación por ningún Estado. El gran dilema en el que se encontraron en ese momento era en determinar donde se encuentran los límites de la jurisdicción nacional sobre los fondos marinos, o por decirlo de otra manera, donde termina jurídicamente la plataforma continental. Este problema fue debatido muy a fondo, no solo en la Comisión de los fondos marinos, creada tras la convención de Ginebra, sino por la propia Conferencia del Derecho del Mar.

3.2. Concepto Jurídico

Aunque el logro del acuerdo fue difícil sobre los límites de la zona, si se alcanzó un consenso sobre la redacción utilizada para definir los derechos de los Estados ribereños sobre su plataforma continental y el tratamiento que se le debe dar.

En el convenio de Jamaica, el tratamiento de la plataforma continental abarca toda la parte VI desde los artículos 76 a 85 incluidos. En esencia, sigue el espíritu del Convenio de Ginebra de 1958, pero atemperado en nuevos condicionantes, sobre todo en el caso de la determinación de la extensión en las que se repitieron propuestas formuladas en las reuniones de la comisión de fondos marinos.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el artículo 76.1 establece que “La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia”.

La “distancia de 200 millas marinas” representan algo más de 370 kilómetros, y están medidas desde las líneas de base de mar territorial.

Con esta regulación se han satisfecho:

• Por un lado, los intereses de los Estados con plataforma amplia o superior a las 200 millas, como Argentina o Australia, con derechos adquiridos gracias al régimen previsto en 1958.

• Por otro, los intereses de los ribereños sin plataforma o con escasa plataforma, al concederles el derecho de explorar y explotar los recursos del lecho y subsuelo marinos hasta una distancia de 200 millas.

Dado que la extensión de la zona económica exclusiva es también de 200 millas, es evidente que ambos espacios (Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental) coinciden o se superponen, salvo en el caso de los Estados ribereños con plataforma amplia (por encima de las 200 millas).

3.3. Delimitación De La Plataforma

En relación a la delimitación de la plataforma debemos diferenciar dos aspectos:

1. La Convención de 1982 distingue entre la plataforma continental normal y la plataforma continental amplia.

 Plataforma continental normal. La Convención fijó que todo Estado ribereño tuviera una plataforma continental de 200 millas marinas, coincidente con la delimitación de su zona económica exclusiva.

 Plataforma continental amplia. La Convención autoriza que para aquellos Estados cuya extensión natural vaya más allá de las 200 millas, puedan ampliar su plataforma continental más allá de ese límite en determinados supuestos previstos en el artículo 76, con los límites, según los casos, precisando que ese límite exterior nunca podrá estar situado a una distancia que exceda las 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, o las 100 millas marinas contadas desde la isóbata (línea que une iguales profundidades) de 2.500 metros y de 350 millas náuticas contadas desde las líneas de base. Es decir, esta línea se aplica para evitar la usurpación excesiva por parte de la plataforma continental ampliada de un Estado.

2. Por su parte, el párrafo primero del artículo 83 de la Convención de 1982 regula la delimitación de la plataforma entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, estableciendo que “La delimitación de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional (…) a fin de llegar a una solución equitativa”. Por tanto, el primer y principal componente de la norma delimitadora es el acuerdo entre Estados, seguido, como segundo componente, por la regla de la delimitación equitativa. Esta delimitación entre Estados, con costas adyacentes o situadas frente a frente, es idéntica para la zona económica exclusiva, cuya regulación figura en el artículo 74 de la Convención de 1982.

3.4. Los Derechos Del Estado Ribereño Sobre La Plataforma Continental

Derechos de carácter general. El Estado ribereño ejerce sus derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales. Estos derechos tienen para el Estado el carácter de soberanos, exclusivos e inherentes:

➢ Derechos Exclusivo: El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental, a los efectos de su exploración y explotación sobre los recursos naturales. Estos derechos son exclusivos, en el sentido de que si el Estado no ocupa o explota su plataforma, ningún otro Estado puede emprender
esta explotación sin su consentimiento.

➢ Derechos Inherentes: Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental (hasta las 200 millas náuticas) son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa.

Los recursos naturales afectados son los minerales y, en general, todos los recursos no vivos, así como los recursos vivos que pertenezcan a “especies sedentarias” o que mantengan un constante contacto físico con el lecho de la plataforma continental.

Derechos de carácter específicos o exclusivos.

• Construir, así como autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre la plataforma continental y establecer zonas de seguridad en torno a ellas.

• Autorizar y regular las perforaciones que con cualquier fin se realicen en la plataforma continental.

• La explotación del subsuelo mediante la excavación de túneles.

3.5. Limitaciones Al Ejercicio De Los Derechos Del Estado Ribereño

Los derechos del Estado ribereño tienen una serie de limitaciones según el Convenio de 1958 y la Convención de 1982, que son las siguientes:

➔ No afectar al régimen de las aguas suprayacentes y del espacio aéreo sobre esas aguas.

➔ El ejercicio de los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no deberá afectar a la navegación ni a otros derechos y libertades de los demás Estados.

➔ No impedir el tendido ni la conservación de cables o tuberías submarinas en la plataforma, aunque queden sujetos “al consentimiento del Estado ribereño”.

3.6. Naturaleza Jurídica De Las Aguas De La Plataforma Continental

Las aguas sobre la plataforma continental siguen siendo alta mar, a diferencia de lo concurre en la zona económica exclusiva. La plataforma continental no implica soberanía ni jurisdicción ninguna del Estado ribereño sobre las aguas. En cambio, esa jurisdicción del Estado ribereño se refiere a todo lo que ocurre en el fondo marino incluso, y esto es curioso observarlo, no sólo para los recursos minerales sido también para algunos recursos vivos. Los recursos vivos que, en la época de su captura, de su recolección, se mueven permanentemente en contacto con el fondo marino son considerados como recursos de la plataforma continental y, por consiguiente, se encuentran sometidos a esa autoridad del Estado ribereño.

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