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El sector pesquero solicita renovar y fortalecer la operación ATALANTA en el Índico y apunta los nuevos focos de conflicto del siglo XXI

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Durante el acto de presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima

El sector pesquero ha expresado la necesidad de renovar la operación militar Atalanta de lucha contra la piratería en el Océano Índico y acercar los buques de la Armada a las zonas de actividad de los barcos de pesca. Así lo ha expuesto Javier Garat, presidente del Clúster Marítimo Español (CME) y secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), durante el acto de presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, celebrado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).

Garat, que ha solicitado fortalecer y optimizar las medidas de seguridad en el ámbito pesquero para afrontar con garantías la lacra de la piratería y la pesca ilegal, también ha apuntado los nuevos focos de conflicto y los riesgos a los que se enfrenta la flota pesquera española, tanto en el caladero nacional como en aguas de la UE no españolas, o en las de terceros países o alta mar.

Así, dentro de nuestras propias aguas, Garat ha mencionado las prácticas ilegales de las flotas marroquíes en el Mediterráneo al usar redes de enmalle a la deriva para faenar a pesar de su prohibición, el acoso de las autoridades de Gibraltar a los pesqueros españoles en aguas de España, el narcotráfico de la zona de la Línea o del Guadalquivir, la inmigración ilegal o la competencia con otros sectores económicos que pugnan también en el mar, tales como el gasístico o la eólica marina.

Respecto a las aguas de la UE no españolas, Garat ha señalado las relaciones con el Reino Unido tras el Brexit y la renegociación de las condiciones de acceso a sus aguas y de las posibilidades de pesca en los stocks compartidos que deberá producirse en 2026, o las complejas relaciones con Noruega desde el Brexit por su postura “agresiva” contra los intereses pesqueros ya consolidados de la UE.

Así, Garat ha recordado la apropiación por parte de Noruega de parte de la cuota de bacalao de la flota comunitaria en las aguas que rodean Spitzbergen y su decisión de fijar unilateralmente cuotas de caballa excesivas e injustificadas, “lo que causa sobrepesca”. Garat ha afirmado que se está violando el derecho internacional y que la Comisión Europea no ha sido capaz de responder adecuadamente, a lo que ha añadido que se sigue permitiendo la entrada de pescado ruso a través de Noruega.

Por lo que se refiere a aguas de países terceros y alta mar, y además de la piratería en el Océano Índico antes mencionada y la del Golfo de Guinea, Garat ha apuntado también otros posibles focos de tensión creados, por ejemplo, por la autorización de Noruega para la exploración de sus recursos minerales submarinos, abriendo la puerta a posibles conflictos en aguas de Svalbard y el Mar de Barents. También ha mencionado las actividades de exploración petrolífera “offshore” autorizadas por Canadá en la zona de regulación de la NAFO (Organización para las Pesquerías del Atlántico Noroeste), y en las mismas localizaciones prohibidas a la pesca de fondo para proteger los ecosistemas marinos vulnerables identificados por los científicos españoles del Instituto Español de Oceanografía (IEO), en colaboración con la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Igualmente, apuntó la gran controversia que está generando el proyecto de minería de fosfatos en Namibia, o las dudosas actividades de pesca de China en aguas del Atlántico Sudoccidental (milla 201 frente a las costas de Argentina) al no existir una Organización Regional de Pesca (ORP) que regule la actividad como consecuencia de los desacuerdos entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas.

Garat también ha calificado como peligrosos los acuerdos estratégicos de colaboración científico-pesquera entre China y Rusia “que están acercando a los chinos a las costas de la UE en el Mar de Barents” y los abordajes ilegales de los activistas conservacionistas de organizaciones como Greenpeace o Sea Shepard.

Durante el acto se ha destacado la importancia del sector pesquero español, líder en Europa en producción pesquera, que genera 31.000 empleos directos y unos 200.000 indirectos, captura 800.000 toneladas de pescados y mariscos al año, y registra una facturación media anual en primera venta de 2.000 millones de euros, lo que suponen más de 10.000 millones de euros de valor agregado. La flota (8.549 buques) desarrolla un 95,5% de su actividad en el caladero nacional; en el caladero comunitario faenan alrededor de 100 embarcaciones, y algo más de 250 barcos lo hacen en aguas de terceros países o en alta mar.

Garat, que ha señalado que “España tiene uno de los sistemas de inspección y control pesqueros más potentes del mundo, reconocido por el Tribunal de Cuentas de la UE”, ha afirmado que la seguridad es estratégica para la economía azul, especialmente en actividades como el transporte marítimo o la pesca.

Cabe recordar que según el último Informe sobre Piratería y Robo Armado elaborado por la Oficina Marítima Internacional (IMB, por sus siglas en inglés), el número de barcos atacados por piratas en todo el mundo aumentó en 2023, año en el que además se registró el primer secuestro efectivo en aguas frente a Somalia desde 2017. De ahí la petición pública al Gobierno, hecha desde el CME, para que negocie en Bruselas el mantenimiento activo de la operación Atalanta contra la piratería, dada su importancia para garantizar la seguridad de tránsito y navegación por el cuerno de África y su demostrada eficacia, ha dicho Garat.

La Operación Atalanta, que finalizará el próximo 13 de diciembre, ha evitado e interrumpido un gran número de ataques piratas y, como resultado, se ha procesado legalmente a 154 sospechosos de piratería, y se han neutralizado 261 grupos armados piratas desde 2008.

“La seguridad es especialmente importante para España, un país eminentemente marítimo, obligado por tanto a contemplar las nuevas amenazas. Lo que también nos anima a colaborar con todas las Administraciones en este campo”, ha dicho Garat que ha apostado por la necesaria colaboración público-privada para el fortalecimiento y desarrollo de estrategias de seguridad que nos afectan. En su opinión, se debe profundizar en esta línea y trabajar más profusamente.

En el acto de presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, además de Javier Garat, participaron: Carlota García, analista principal del Resal Instituto Elcano, Alfredo Ortega, director operativo del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), Elena Seco, directora general de la Asociación de Navieros Españoles y Antonio Notario, secretario del Consejo Nacional de Seguridad Marítima.

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