El puerto de Nagoya, el principal puerto de carga y descarga de Japón y responsable de las exportaciones de importantes empresas japonesas, ha sido víctima de un ciberataque en su sistema aunque ya ha logrado reanudar sus operaciones.
El martes, las instalaciones portuarias experimentaron un fallo que fue descubierto por un empleado cuando no pudo encender su ordenador, según informaron las autoridades locales del puerto.
Una impresora conectada al sistema emitió una notificación en la que se leía «Lockbit», indicando que el sistema estaba infectado con «ransomware», un tipo de programa malicioso que solicita un rescate para restaurar el acceso a los datos de la computadora, según revelaron fuentes al canal de televisión público NHK.
«Lockbit» es un tipo de «ransomware» que cifra los archivos, modifica sus nombres y agrega una nota de rescate en el escritorio solicitando un pago, además de amenazar con compartir los datos en la web en caso de no recibir el rescate. Generalmente, se ha asociado este programa con hackers rusos u otros países afines.
«Hoy en día, el riesgo de ciberataques está en aumento, por lo que consideramos importante fortalecer la seguridad informática y mejorar la resiliencia de la infraestructura de Japón», declaró el portavoz del gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, durante una conferencia de prensa el jueves.
Las autoridades portuarias de Nagoya están trabajando para restaurar el sistema y esperan reanudar las operaciones de carga y descarga de contenedores a partir del mediodía de hoy.
El pasado marzo, el fabricante japonés de automóviles Toyota tuvo que detener la producción en sus fábricas debido a un ciberataque a uno de sus proveedores.
Este ataque ocurrió poco después de que varios países advirtieran sobre la posibilidad de que Rusia llevara a cabo ataques similares contra objetivos de naciones que han respaldado las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania.
Japón se ha unido a las medidas punitivas adoptadas por los países del G7 y la Unión Europea contra Moscú, que incluyen la exclusión de los bancos rusos del sistema internacional Swift y la congelación de activos de entidades e individuos rusos.
