El pasado reciente de la Naviera Armas no ha sido sencillo: el fallecimiento el pasado año de su presidente, el incremento de problemas financieros con sus acreedores y la subida en el precio del combustible han sacudido a la naviera, sumiéndola en una situación endeble e incierta. Por dicho motivo, a lo largo de las últimas semanas ha circulado una noticia por los medios canarios. Una sospecha creciente, recibida con preocupación: la posibilidad de la venta de la Naviera Armas.
Precisamente el 9 de marzo de 2023 se confirmó la noticia que muchos ya intuían: la compra de la naviera por parte de varios fondos de inversión, por la cual JP Morgan, Barings, Cheyne Capital y Bain Capital pasarían a convertirse en accionistas mayoritarios. Se trata, en cualquier caso, de una situación transitoria, pues el objetivo de dichos fondos es una futura venta, que permita maximizar los beneficios de la operación.
La noticia anterior resulta, en cualquier caso, demoledora. Principalmente, por la pérdida de la identidad canaria que ha caracterizado a la compañía hasta el momento. Lo anterior, con seguridad, repercutirá en la fuerza y la capacidad negociadora de la empresa y pone en duda el mantenimiento de las líneas de conexión con la península.
Buscar culpables ante dicha situación supone una reacción natural, pero no tiene una respuesta sencilla; la realidad es que el contexto internacional de los últimos años ha golpeado con fuerza la economía, en general, y el sector de transporte marítimo en particular.
La crisis de la COVID-19, primero, y el alza de precios derivada de la guerra en Ucrania, en segundo lugar, han tenido un impacto negativo de considerable entidad en un sector caracterizado por su estacionalidad y por su fuerte dependencia de los precios del combustible.
Tanto a nivel estatal como autonómico se ha tratado de corregir o, al menos, paliar el efecto del difícil contexto actual.
En el ámbito estatal, tenemos el ejemplo reciente del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que incluye la creación de una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de determinados productos energéticos.
Por otro lado, en el plano autonómico tenemos, por ejemplo, el Decreto Ley 12/2022, de 27 de octubre, por el que se establece una revisión de precios extraordinaria en el contrato de obligación de servicio público de transporte marítimo entre las islas de El Hierro y Tenerife, con el objetivo de subvenir las consecuencias negativas del incremento del precio del combustible motivado por la guerra en Ucrania.
Se antojan, en cualquier caso, medidas insuficientes, especialmente en el archipiélago canario, por su condición ultra periférica, determinante para entender su situación actual.
Ha sido precisamente su situación geográfica la que tampoco ha ayudado en su diálogo con la península. La sensación por parte de los canarios de dejadez o, incluso, abandono por parte del resto de la península no es una cuestión baladí, dado que la pérdida de conexiones y facilidades con el resto de España no solo afecta a sus rutas comerciales, sino (fundamentalmente) a su propio estado de bienestar.
Ese esfuerzo por mantener –y tratar de fortalecer- las conexiones con la península no es, además, una cuestión reciente.
Tras muchos años de presión por parte de los empresarios canarios se logró, vía Real Decreto-Ley 20/2021, de 5 de octubre, incluir en el contrato de línea de navegación de Interés Público, entre las Islas Canarias y la península, la conexión de la isla de La Palma con las islas mayores del archipiélago y con la península.
Además, en su reunión de fecha 22 de febrero de 2022, el Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aprobó el acuerdo por el que se declaraban de Interés Público y se establecen Obligaciones de Servicio Público sobre las líneas de navegación Huelva – Santa Cruz de Tenerife y Huelva – Las Palmas.
El impulso legislativo anterior supone una buena noticia, por supuesto, dado que se añaden nuevas conexiones a las ya existentes, pero quizás aún sea pronto para valorar si estas nuevas líneas cubren las necesidades de las partes implicadas. Por otro lado, la venta de la Naviera Armas debe interpretarse como un aviso: primero, para el Gobierno, que asiste a la pérdida de una compañía histórica; segundo, para los propios intervinientes en el sector, que deben aunar fuerzas para promover medidas que fortalezcan las conexiones entre sí y con el resto de la península.
