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El mejor incentivo siempre será la seguridad jurídica.

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La práctica totalidad de los países del mundo cuentan con algún tipo de ventaja fiscal para incentivar la atracción de inversión extranjera directa a sus respectivos territorios, beneficios que suelen concentrarse en determinados espacios específicos y que han dado lugar a las casi 7.000 Zonas Económicas Especiales que actualmente compiten globalmente por captar el interés de un número cada vez más reducido de empresas con capacidad para crecer internacionalmente. En este contexto de alta competencia, existe una máxima entre quienes nos desenvolvemos en el ámbito de la atracción de inversión extranjera: “el mejor incentivo para la inversión es la garantía de seguridad jurídica”. De nada sirve contar con las más atractivas exenciones tributarias, con el mejor incentivo fiscal, si no se puede asegurar que la aplicación del mismo no sufrirá alteraciones durante el desarrollo del proyecto cuya empresa ha elegido implantarse en un determinado destino, si no se puede garantizar que ninguna interpretación posterior de la norma van a modificar las condiciones que le fueron ofrecidas inicialmente y que le resultaron atractivas en el momento de tomar la decisión. Esta garantía de seguridad jurídica que debería resultar obvia, cobra especial relevancia en aquellos países en los que los cambios de gobierno traen consigo modificaciones sustanciales de las “reglas de juego”, aquellas que han sido ofrecidas a sus inversores con una vocación de continuidad durante un horizonte temporal suficientemente amplio como para permitir a tales empresas desarrollar sus modelos de negocio previstos. En este contexto encontramos un ejemplo reciente en el caso de Colombia, que con motivo de la reforma tributaria propuesta por el actual Gobierno se encuentra inmersa en un controvertido debate. Sin entrar en profundidad en lo acertado o no de las modificaciones propuestas, sí me atrevo a afirmar que cualquier cambio sustancial y repentino que se aplique de forma unilateral a las condiciones fiscales que han permitido el crecimiento y competitividad de múltiples empresas en el propicio entorno ofrecido por las Zonas Francas del país, es una decisión cuyas consecuencias en materia de atracción de empresas y desarrollo económico nacional somos capaces de predecir. Solo el diálogo y el consenso entre las partes implicadas puede garantizar la continuidad de un régimen que ha aportado al país 147.000 empleos directos. En un contexto global posterior a la pandemia cuya consecuencia directa ha sido una sustancial reducción de la inversión extranjera directa, mientras la competencia por llamar la atención de tales inversiones crece, resulta que los incentivos fiscales que cada país ofrece están sometidos a debate. Ante esta situación en que todos nuestros países se encuentran afrontando el desafiante reto de la recuperación económica, debemos tener más presente que nunca que solo aquellos que garanticen la solidez y permanencia de sus regímenes de incentivos a la inversión serán capaces de salir victoriosos durante este periodo. Las Zonas Económicas Especiales de la región Iberoamericana, incluida España por supuesto, demostraron ser los instrumentos idóneos para mantener viva la economía durante los momentos más críticos de la reciente pandemia y la crisis económica y logística global; éste es el momento de garantizar la continuidad de sus condiciones sin titubeos ni ambages que menoscaben su seguridad jurídica si queremos que mantengan su capacidad como tractores de inversión y generadores de empleo también durante este ansiado momento de reactivación económica.

Gustavo González de Vega,
Presidente Asociación de Zonas Francas de las Américas – AZFA

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