La ayuda humanitaria a migrantes no debe ser un delito, según el PE

Los países deben adaptar su legislación para que la asistencia humanitaria no sea considerada delito

Los eurodiputados piden a la Comisión que clarifique qué tipos de ayuda no deben ser penalizadas

La UE debe garantizar que ayudar a inmigrantes por razones humanitarias no sea considerada delito, señaló el Parlamento Europeo el jueves.

En una resolución no legislativa, los eurodiputados muestran preocupación por las consecuencias indeseadas que la legislación comunitaria sobre ayuda a la migración irregular está teniendo en los ciudadanos que ofrecen asistencia humanitaria a inmigrantes y solicitantes de asilo.

El texto fue aprobado por el pleno del Parlamento a mano alzada.

En virtud de la directiva de 2002 sobre “facilitación”, los estados miembros están obligados a introducir en su legislación sanciones penales contra quienes faciliten la entrada, la circulación y la estancia irregulares en su territorio.

No obstante, la resolución recuerda que la norma también da a los países la opción de no penalizar la ayuda cuando esta sea de carácter humanitario y lamentan que sólo algunos estados miembros han incorporado en su legislación excepciones sobre asistencia humanitaria.

ONG que asisten a los inmigrantes en mar y tierra

Los eurodiputados destacan que la actividad de particulares y ONG, por ejemplo en operaciones de rescate en mar y tierra, “apoya y complementa” las acciones de salvamento llevadas a cabo por los estados miembros. Dejan claro que estas tareas deben respetar la directiva de “facilitación” y en todo caso deberán desarrollarse “bajo el control” de las autoridades nacionales.

La Cámara insta a los gobiernos a introducir la citada excepción sobre asistencia humanitaria, para garantizar que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que asisten a inmigrantes por razones humanitarias no sean criminalizados por hacerlo.

Cuándo no es un delito la “facilitación”

Por último, el texto solicita a la Comisión que adopte unas directrices para los estados miembros especificando qué formas de ayuda no se penalizarán, con el fin de asegurar claridad y uniformidad en la aplicación de la directiva y evitar la criminalización injustificado de la asistencia humanitaria.

Declaración del ponente

Claude Moraes (S&D, Reino Unido), que preparó la resolución en nombre de la comisión de Libertades Civiles, dijo: “Necesitamos directrices claras sobre ayuda humanitaria. Esto es clave en un contexto en que particulares y ONG trabajan muy duro para salvar personas en el mar y en la tierra. Durante mi reciente visita a Libia, las organizaciones allí presentes me insistieron en que esto es fundamental para que puedan seguir haciendo su trabajo”.

Contexto

El papel de los trabajadores humanitarios y las ONG está ganando protagonismo, en el contexto de un debate político más amplio sobre cómo gestionar la llegada de inmigrantes y refugiados a la UE, con algunas voces acusándoles de incentivar el tráfico de seres humanos y de actuar al borde de la legalidad.

En mayo, un grupo de voluntarios españoles fue absuelto en Grecia de una acusación de tráfico de personas tras haber sido detenidos cuando prestaban ayuda a solicitantes de asilo que llegaban a la isla de Lesvos desde Turquía.

En este momento, dos barcos de rescate fletados por ONG permanecen retenidos en Malta y el capitán de uno de ellos enfrenta cargos por supuestamente no contar con los documentos de registro de la nave para entrar en aguas maltesas.

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